Justo en el marco de estas semanas, hace ya cuatro años, publiqué en varios medios de República Dominicana y de los Estados Unidos, un artículo titulado “Las Fronteras de Trump”. En él, dictaba el perfil de la política de inmigración de la entonces nueva administración del Partido Republicano en poder de la Casa Blanca. Una postura oficial que, con decretos, fijaba las promesas de campaña, de impedir o limitar la entrada a los Estados Unidos de nacionales de países específicos y por igual, dificultar a todo indocumentado u otros de estatus indefinido, su estadía y protección legal. En fin, un estado de rechazo y suspicacia hacia todo inmigrante, sin importar edad, acompañó esa política.

No todos los simpatizantes del Partido Republicano o el mismo Trump, son parte del segmento de la población estadounidense que, en sus resentimientos culturales, necesita un «OTRO» para justificar sus propios fracasos e infelicidad, no obstante, las medidas de inmigración que motivaron actos de repudio, de generalización y motes despectivos, solo pueden ser justificadas como herramientas de adulación a ese segmento que se siente estar perdiendo su dominio social y económico o simplemente comparadas con épocas de supremacía blanca.

De un lado los que simpatizaban con ellas, la justificaban alegando que estas impedirían crímenes y evitarían la perdida de los valores de su nación americana que se veía invadida por extranjeros sin escrúpulos de perfiles sospechosos. Por otro lado, las corrientes liberales y los gobiernos y pueblos de América Latina y África rechazaban públicamente las nuevas medidas, por su trasfondo despectivo, negativo y excluyente. Las políticas que el presidente Trump había prometido no estuvieron lejos de su propuesta de campaña. Estas tenían una connotación especifica. Excluir y ahuyentar a todo interesado en emigrar hacia los Estados Unidos. Desde separar familias hasta la deportación brusca y sin proceso legal. Pero estas estaban más enfocadas en ciertos credos y etnias específicas. La retórica fue tanta, que hasta los nacidos aquí, pero de origen extranjero, aun residiendo legalmente, se sentían perseguidos, discriminados e inquietos. Los actos diarios acapararon la atención de una América que parecía asumir una atroz política exterior que cuando comparada con los ideales proteccionistas de Monroe y su doctrina, haría lucir a estos como unos de corte infantil.

Ahora bien, han pasado cuatro años, la agenda anti-inmigrante de Trump y todas las otras posturas políticas y públicas, ha llevado la nación americana a ser una dividida y alienada del mundo. Entonces, con una nueva administración, que quiere estrechar las partes de la nación y además sanear los decretos separatistas de la pasada, ¿que pudiéramos esperar?

Bueno, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la hostilidad, el reproche y la incertidumbre del inmigrante, parece estarse diluyendo. Desde su campaña presidencial y en los primeros días de su gestión, el líder demócrata fijó claramente, su intención de eliminar todos los decretos detrimentos que firmara e impusiera a través de su política nacionalista, excluyente y denigrante, el expresidente Donald Trump. Y en las primeras horas de su primer día de gestión, apenas juramentándose, el mismo 20 de enero de este 2021, el presidente Biden emitió varias órdenes ejecutivas sobre inmigración. Por igual, se revocaron las prohibiciones de viaje que impedían la entrada ciudadanos de ciertas naciones africanas y de mayoría musulmana, conocido como el ‘Travel Ban’.

Entre otros decretos, lo estuvo el de Protección de Salida Forzada diferida de EDP se extendió a los ciudadanos liberianos hasta el 30 de junio de 2022. Como también se suspendieron las inscripciones en los protocolos de protección al inmigrante que mantiene los solicitantes de asilo esperando en México.

Finalmente, también se ordenó la detención de deportaciones durante 100 días a partir del 22 de enero con algunas excepciones. Se fijó en esa misma orden el hecho de que se adoptarán nuevas políticas de ejecución. Aunque seis días más tarde, un tribunal del distrito impidió temporalmente que el gobierno incrementará la pausa de 100 días.

Los dominicanos a veces nos sentimos ajenos a las situaciones que muchos otros que viven en Estados Unidos están sufriendo, visto que, creemos que los nuestros gozan de estatus claro. Que no somos indocumentados, ‘dreamers’ o refugiados. Pero lo cierto es que miles de los nuestros, viven a diario, en una incertidumbre inmigratoria, sin estatus formal y que, con la reciente administración, podrán ver esa situación mejorar.

Las medidas o decretos firmados por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, son resoluciones temporales, a problemas eternos. Gestos inmediatos, que van en favor de aliviar la incertidumbre de inmigración en el país americano. No obstante, ya pasado un mes, el presidente Biden presentó al Congreso, su Proyecto de Ley de Inmigración, el cual lleva como título la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021. Una propuesta muy diferente a lo que pudiera estar de acuerdo una gran parte del Partido Republicano o los simpatizantes de Trump, mas, no obstante, una integral, amplia y coherente, que busca sanear un sistema de inmigración compuesto por medidas arcaicas, contradictorias, complejas y poco funcionales, por algo acorde con el espíritu de una nación compuesta por inmigrantes.

Para mí, el detalle más evidente y responsable, lo es que, en el cuerpo del documento, se fija la eliminación de los códigos migratorios, como la palabra “alien” (extranjero), las cuales a partir de ahora serán citados como “non-citizens” (no ciudadanos). También los individuos y familias de diversidad sexual serán tratadas como iguales en todos los procesos migratorios, eliminando así la discriminación.

Entre los aspectos más valiosos de la reforma migratoria presentada, está la creación de un nuevo estatus legal, previo a la “residencia”, al cual se le refiere como Potencial Inmigrante Legal (LPI, por sus siglas en ingles). Este tendrá una duración de seis años y podrá renovarse. Está destinado a sacar a la luz, a los indocumentados, permitiéndoles, además, trabajar dignamente. Los que aprueben una verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional, y paguen sus impuestos, podrán llenar la solicitud para obtener este estatus. Después de tener cinco años como LPI, las personas podrán solicitar su residencia. Y luego de tres años como residentes permanentes, podrán optar por la ciudadanía estadounidense.

En lo referente a los protegidos por el Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés), como los hondureños, haitianos, salvadoreños, nicaragüenses entre otros; o los apadrinados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) conocido como los “dreamers”; o aquellos que sean trabajadores agrícolas indocumentados, podrán solicitar directamente la residencia permanente.

Las tristes escenas de separación serán corregidas con esta propuesta legislativa, que también favorece la unificación familiar. Se modificarán los procesos migratorios para que los menores no sean separados de sus familiares al ingresar a Estados Unidos y el núcleo familiar permanezca junto hasta que se resuelva su situación legal. Por igual, personas que fueron deportadas durante la administración del expresidente Donald Trump y que hayan vivido por lo menos tres años en Estados Unidos podrán regresar y reunirse con sus familias, aunque faltan detalles concretos de cómo implementar este plan. Finalmente, las personas que vivan en el extranjero y sean patrocinadas por un familiar legal, podrán esperar su residencia en el país en lo que llega su fecha de prioridad.

La propuesta va más allá del orden procesal. En la propuesta, se visualiza que Estados Unidos trabajará para evitar las causas de la migración de Centroamérica y buscará crear más empleos, combatir la corrupción y el crimen en los países de la región, de donde proceden gran parte de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

Claro que hay enfoques específicos a la seguridad nacional, pero estos serán más prácticos y de menos controversia, a las libertades innatas del ser humano. No se aprobarán más contratos de muros o agentes fronterizos.

Reitero que es una propuesta ambiciosa y seria. Una que toca todos los puntos que se vienen discutiendo desde hace dos décadas. De seguro que organismos independientes abogarán porque el Congreso apruebe este proyecto de ley y otros que mejoren el sistema de inmigración. Ese usualmente es un proceso largo y agotador, lo cual posiblemente requiera de la eliminación de algunos componentes de la propuesta original. No obstante, con el control que los demócratas tienen sobre ambas Cámaras del Congreso, lo más seguro es que esto pueda regresar al escritorio para su firma, en los próximos seis meses.

Para los latinos que llamamos esta nación, casa, las medidas propuestas comprenden un cruce de viento fresco. El presidente Biden está redefiniendo las fronteras que hasta hace unos meses pensábamos que nos dividían. Eliminando posturas políticas fallidas y restaurando cortesías diplomáticas y revalorando antiguas alianzas. Ha regresado la tranquilidad al mundo diplomático. Los adultos y los oficiales de carrera están al frente de nuevo. Y los contornos de la acostumbrada geopolítica mundial, se encuentran nuevamente nivelados.

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